Con serias observaciones senador Antonio Guerra radicó ponencia al catastro multipropósito, que hace parte del “fastrack”

El senador Antonio Guerra (CR) y la Representante Olga Lucía Velásquez, rindieron ponencia conjunta y favorable, pero  condicionada  con varias modificaciones recogidas a través de audiencias públicas.

La iniciativa que será debatida por las Comisiones Terceras conjuntas tiene por objeto establecer las reglas para la gestión del Sistema Nacional Catastral Integral Multipropósito. Introduce medidas que, en los términos del Acuerdo de paz, “deben contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio”.

Busca contribuir al cierre de las brechas entre el campo y la ciudad, crear condiciones de bienestar y buen vivir para la población rural, integrar las regiones y contribuir a erradicar la pobreza y promover la igualdad.

El catastro integral y multipropósito se vincula con el Fondo de Tierras que se creará en desarrollo del Acuerdo de Paz con las Farc, dado que se aclara que la formación y actualización catastral deben fortalecer la recuperación de tierras baldías indebidamente ocupadas y apropiadas y de propiedades privadas extinguidas para distribuir entre los trabajadores agrarios.

La figura se presenta como una oportunidad para resolver conflictos relacionados con la gestión de la tierra que han aquejado a la sociedad colombiana por décadas.

La ponencia sostiene que el catastro es fundamental para optimizar la gestión financiera de los gobiernos territoriales, pero advierte que este procedimiento podría afectar los usos y por ende las tarifas aplicables al cobro del impuesto predial, por lo que tales modificaciones deberían tener vigencia a partir del 1 de enero del siguiente año en que queden en firme los actos que decidan tales solicitudes. Esto sería congruente con del debido proceso y derecho de defensa que el Estado debe garantizar.

Detalla que las anotaciones que se realizan en el Sistema Único Nacional de Información Catastral Multipropósito no constituyen plena prueba de propiedad para la configuración de derechos sobre los predios y que las anotaciones que se realizan en el Sistema Único Nacional de Información Catastral Multipropósito no constituyen plena prueba de propiedad para la configuración de derechos sobre los predios.

Observan los dos ponentes Guerra y Velásquez que el Capítulo VII. Componente institucional es quizá el que menos conexidad conceptual y de propósito guarda con el Acuerdo, el artículo 104 y el Conpes, porque lo que propone es el debilitamiento y la anulación del IGAC en el contexto catastral, entregando la función de regulación a una entidad que como el DNP.

“Desconoce la experiencia ganada a través de décadas de ejercicio institucional catastral del IGAC, que ha generado conocimiento especializado e integral en los ámbitos que componen la cadena de valor de la gestión catastral. Adicionalmente, no se valora adecuadamente la presencia que tiene el Instituto a lo largo y ancho del país, y su entronización con el territorio y las dinámicas inmobiliarias, afirmaron.

Otras observaciones: “no se valora adecuadamente la presencia que tiene el Instituto a lo largo y ancho del país, y su entronización con el territorio y las dinámicas inmobiliarias… Plantea una serie de fuentes de financiación cuya implementación no genera confiabilidad en la sostenibilidad del catastro multipropósito”.

Resaltan que desde los cuerpos legislativos se le proponga al gobierno disponer claramente de los recursos necesarios para la implementación y ejecución de este  proyecto de ley. Que quien funge como ente de control y seguimiento, es decir, el IGAC y no conviene que la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) asuma esa responsabilidad.

Plantean serias dudas sobre la manera en que podría ejercer una función de vigilancia, inspección y control, que como se dijo será de evaluación, control y seguimiento, sin tener sesgos y sin parcialidades respecto del ejercicio de la gestión catastral desplegado por las autoridades catastrales vs las actividades desarrolladas por las oficinas de registro de instrumentos públicos o la misma SNR.

Finalmente el senador Guerra y la Representante Velásquez observan que la columna estructural de la ponencia es ver al Catastro como una función pública y no como como un servicio como lo plantea el proyecto inicial, y  hacen referencia de varias sentencias que confirman sus dudas en algunos temas incluidos en el Proyecto del Gobierno.

 

 

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